Análisis semanal: Un nuevo conflicto yerbatero que pone en evidencia dos modelos de desarrollo
Misiones se anotó esta semana un triunfo importante en la puja con Corrientes por la vigencia de la resolución 170 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), una medida que separó aguas entre pequeños productores y grandes industriales y entre dos gobiernos provinciales que defienden modelos completamente diferentes de generación y distribución de la riqueza.
La resolución del INYM que pretende regular la oferta de materia prima mediante el establecimiento de ciertos límites a las nuevas plantaciones fue la respuesta a un reclamo histórico de los productores yerbateros cansados de lidiar con cíclicas crisis de sobreoferta de hoja verde que destruyen la rentabilidad del colono y multiplican los ingresos de la molinería concentrada.
Como era previsible, las grandes empresas recurrieron a la Justicia para intentar revertir la decisión que había tomado el INYM. Una de ellas, La Cachuera, consiguió que el juez federal de Paso de los Libres Gustavo Fresneda le otorgara un recurso de amparo que suspendió los efectos de la mencionada resolución.
El INYM inmediatamente solicitó que la causa pase a manos del juez federal de Posadas, José Luis Casals, porque tanto La Cachuera como el instituto yerbatero tienen domicilio legal en esa localidad. Casals solicitó el expediente, Fresneda se lo negó y lo remitió al Tribunal de Alzada de Corrientes que se declaró incompetente por obvias razones de jurisdicción y lo envió a La Corte.
¿Por qué una empresa misionera fue a Corrientes a litigar contra un instituto que también está domiciliado en Misiones? Básicamente porque la vecina provincia es un territorio mucho más amigable cuando se trata de defender los intereses de las grandes compañías en desmedro de los pequeños y medianos productores.
Haber sacado el expediente de esa jurisdicción es un triunfo para los intereses de los pequeños colonos, que coinciden con los del Gobierno de Misiones.
Ahora será la Corte la que deberá determinar si el INYM tiene facultades para regular la oferta de materia prima estableciendo límites a las nuevas plantaciones. De hecho, la rápida reacción del gobernador Oscar Herrera Ahuad y del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, que salieron públicamente a respaldar la resolución del instituto yerbatero contra el embate de la justicia correntina, aceleró los tiempos para que la causa llegara al supremo tribunal de la Nación.
Diferencias
La disputa entre Misiones y Corrientes en torno a la limitación de nuevas plantaciones volvió a poner de manifiesto las profundas diferencias entre los modelos de desarrollo que impulsan ambos gobiernos.
El de Corrientes, encabezado por el radical Gustavo Valdez, que apuesta a impulsar su economía favoreciendo a las grandes empresas con la expectativa de que estas generen un “efecto derrame” hacia el resto de la sociedad y el gobierno de Misiones que no cree en el derrame espontáneo y pugna por un reparto más equitativo de la riqueza que genera el oro verde.
La historia demuestra sobradamente que el efecto derrame no suele producirse de manera espontánea en casi ninguna actividad y mucho menos en el sector yerbatero.
La experiencia desreguladora de los 90 desembocó directamente en una aceleración de la concentración del negocio en pocas empresas muy grandes. Estas empresas vieron crecer su rentabilidad a costilla de la pobreza de los productores, que en muchos casos dejaron de serlo porque terminaron vendiendo sus chacras ante la imposibilidad de sostenerlas.
Lo que siguió después, con instituto nacional regulando la actividad y definiendo –a veces- precios oficiales demostró ser un remedio insuficiente para detener el proceso de concentración. En los casi 20 años de existencia del INYM los precios oficiales rara vez marcaron alguna referencia para un sector que siguió valorando a la materia prima de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda.
La pura verdad es que los precios de la materia prima siempre los definió el mercado y eso lo saben bien los productores que ante cada una de las crisis por sobreoferta, la última hace solo cinco años, se vieron obligados a malvender su yerba a valores muy inferiores a los costos de producción.
Cuando los precios bajan, los productores desatienden sus plantaciones y se cosecha menos. Entonces empieza a faltar hoja verde, la industria trata de disimularlo acelerando los tiempos de estacionamiento, se deteriora la calidad del producto y cuando ese recurso ya no alcanza, los molineros terminan disputándose la poca yerba que hay ofreciendo mejores precios.
Poca o nula injerencia tienen en esta dinámica los precios oficiales. Hasta ahora el INYM no consiguió definir realmente los valores de la hoja verde y de la canchada y luego de casi dos décadas de experiencia, resulta evidente que si pretende hacerlo para garantizar un piso de rentabilidad a los productores necesitará una herramienta más potente que la concertación de precios.
Los representantes de la producción, los secaderos, las cooperativas, los trabajadores rurales, la Provincia de Misiones y el propio presidente del INYM, Juan José Szychowski, encontraron esa herramienta en la limitación de nuevas plantaciones.
Se trata de una medida que busca establecer un orden en la oferta y demanda de materia prima, pero también busca emparejar la cancha entre grandes, pequeños y medianos productores al establecer el mismo límite para todos.
El Gobierno de Misiones salió inmediatamente a defender lo resuelto por el instituto, no solo por convicción ideológica sino también por motivos estrictamente relacionados a la economía.
En la Tierra Colorada hay más de 9.000 productores y casi 200 secaderos de yerba mate, cuando estos dos eslabones de la cadena productiva tienen rentabilidad, se verifica un efecto multiplicador que beneficia a todas las demás actividades, algo que no ocurre cuando el negocio queda en manos exclusivamente de los grandes.
La posición del gobernador correntino, en abierta oposición a los intereses de los productores yerbateros, dejó en offside al electo diputado nacional misionero Martín Arjol, que durante su campaña lo trajo a la provincia y lo presentó como ejemplo de gestión.
Luego de resultar electo, Arjol contestó con peros y postergaciones a la invitación al diálogo extendida por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien pretendía avanzar en una agenda común de temas de interés para la provincia que deberán dirimirse en el Congreso de la Nación.
El desaire del radical posadeño a una convocatoria que tenía como objetivo dejar de lado banderías políticas para definir ejes de trabajo en común en beneficio de los misioneros, fue interpretado desde el oficialismo como un gesto de dependencia directa de Arjol a la estructura partidaria nacional de Juntos por el Cambio.
“Con esa postura queda claro que (los diputados nacionales de Juntos por el Cambio) pasarán a ser un voto más en la grieta entre macristas y kirchneristas, donde Misiones no tiene participación ni es prioridad. Su voz y su voto quedarán diluidos en un torbellino de acusaciones y denuncias cruzadas entre los dos bandos, sin discutir cosas que realmente interesen o beneficien a los ciudadanos”, observaron desde la renovación..
FUENTE: (Misiones Online)
