Clave: la Unión Europea prohibirá la compra de productos que contribuyan a la deforestación
Informes de Salvador Arroyo y Manuel Gòmez Frenar la deforestación prohibiendo la venta de productos que contribuyan a ella, mejorar el traslado y tratamiento de residuos para promover la economía circular y una nueva estrategia para la recuperación de suelos contaminados con horizonte en 2050. Esas son las tres iniciativas que este miércoles ha presentado Bruselas como refuerzo a su Pacto Verde Europeo. Un paquete con el que la UE pretende apuntalar su pretendido liderazgo en la lucha global contra el cambio climático para alcanzar los dos hitos que se ha impuesto por ley: la reducción de emisiones en un 55% para 2030 (en relación con el nivel que existía en 1990) y la neutralidad climática en 2050.
La Comisión Europea propone, de entrada, un reglamento para no ser cómplice de la deforestación. Entre 1990 y 2020, el mundo ha perdido 420 millones de hectáreas de bosques, un área más grande que todo el territorio de la UE, destaca Bruselas. Que pretende garantizar que los productos que los ciudadanos europeos compran, usan y consumen dentro del bloque no contribuyan a esa deforestación global o la degradación forestal. Pondrá el foco en el mercado agrícola y cita productos como la soja, carne de res, aceite de palma, madera, cacao, café, y derivados.
La norma pretende cerrar el paso al mercado único a los seis productos que más impacto están teniendo en este proceso de degradación (soja, cacao, café, aceite de palma, carne de vaca y madera, y sus derivados) si se demuestra que proceden de suelo deforestado después del 31 de diciembre de 2020.
La Unión Europea exigirá a los importadores que acrediten que estos productos no proceden de ningún territorio deforestado después del 31 de diciembre de 2020, cumplen con las normas legales del país productor y tienen una auditoría en la que se detallan cuestiones como las coordinadas del área de origen, lo que permite rastrear si es cierto lo que se alega.
A pesar de ser una regulación y no una directiva, la propuesta deja margen para la actuación de los Estados, ya que el régimen de sanciones recae en ellos. No obstante, el proyecto sí que deja claras los principios que deben seguir las multas: tienen que ser proporcionales al daño causado y, al mismo tiempo, disuasorias. Y, además, fija el suelo de la sanción, que en los casos más graves no podrá bajar del 4% de la facturación para que así no compense infringir la norma. También se contempla la incautación de los productos y de lo ingresado, así como la exclusión de la firma operadora de los procesos de contratación pública.
«Respondemos a los llamamientos de los ciudadanos para minimizar la contribución europea a la deforestación y promover el consumo sostenible», ha subrayado el vicepresidente Frans Timmermans. La Comisión utilizaría un sistema de evaluación. Países de origen, productos y la responsabilidad (directa o indirecta de estos) en la deforestación. El esquema le permitirá prohibir la importación de aquellos alimentos que no se ajustarán a la nueva exigencia. Y eso es algo que, en la práctica, tendrían que justificar las empresas. Tanto las comercializadoras como los propios supermercados.
Al promover el consumo de productos «libres de deforestación» y reducir el impacto de la UE en la deforestación y degradación forestal a nivel mundial, la Comisión Europea espera que «se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad».
En lo que se refiere al Reglamento sobre traslados de residuos se incide en la lucha contra el tráfico ilegal de estos desechos, que representan potencialmente hasta el 30 % de los flujos «y que son dinero», ha subrayado Timmermans. 9.500 millones de euros anuales.
Las propuestas de la Comisión deben pasar por la Eurocámara y el Consejo Europeo, antes de convertirse en un texto legal definitivo. Las dos primeras son regulaciones, lo que supone que una vez tengan el visto bueno de las dos instituciones que se encargan de legislar no deberán trasponerse en los Estados miembros. Según los propios cálculos del Ejecutivo comunitario, la medida conllevará una reducción de 31.900 millones de toneladas métricas de carbono cada año y eso tiene aparejado un ahorro de 3.200 millones de euros.
Se creará un Grupo de Aplicación de Traslados de Residuos de la UE al tiempo que se reforzará el papel de vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude OLAF.
De entrada, Bruselas pretende restringir las exportaciones de residuos a países no pertenecientes a la OCDE y sólo se permitirán a terceros países que «estén dispuestos a recibir ciertos desechos y sean capaces de gestionarlos de manera sostenible». Respecto a los países de la OCDE se monitorizará el movimiento de esos residuos con el apoyo de nuevas tecnologías «y podrán suspenderse si generan graves problemas ambientales en el país de destino.
En lo que se refiere a la Estrategia del Suelo, la Comisión Europea pretende actuar sobre el 70 % de los suelos de la UE que no están en buenas condiciones. Lo que se busca con un paquete de medidas es incrementar el carbono del suelo en los terrenos agrícolas. También «combatir la desertificación, restaurar la tierra y el suelo degradados y garantizar que para 2050, todos los ecosistemas del suelo estén en condiciones saludables».
FUENTE: (Economis)
