El Senado aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura y el proyecto oficial pasa a Diputados.
Fue por 37 votos afirmativos, 33 negativos y ninguna abstención. El Frente de Todos quiere dejar a la Corte Suprema fuera del órgano que selecciona y sanciona a los jueces.
El oficialismo aprobó este jueves en el Senado el proyecto que modifica el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura. Aunque la Cámara Alta le dio media sanción a la iniciativa, el futuro es incierto sobre lo que pasará luego en Diputados.
La reforma que deja fuera a la Corte Suprema del organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces fue aprobada por 37 votos afirmativos, 33 en contra y 0 abstenciones.
La oposición de Juntos por el Cambio -que no bajó al recinto hasta que el Frente de Todos tuviera a los 37 senadores en sus puestos y el debate comenzara- votó en contra del proyecto oficialista.
Acompañaron a la bancada oficialista la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck, que la semana pasada logró introducir modificaciones al proyecto del Gobierno para reformar el Consejo.
La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados. Sin embargo, según indicaron fuentes parlamentarias a TN, el oficialismo no tiene por ahora garantizado el respaldo para aprobarla en el recinto de la Cámara Baja. Es más, ni siquiera están conformadas las comisiones que deberían darle previamente dictamen al proyecto.
Pero existe otro problema. El Congreso está obligado a sancionar una nueva norma que modifique la composición del Consejo de la Magistratura por un fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la ley del 2006 -impulsada por Cristina Kirchner entonces como senadora- que redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13, alteró el equilibrio de sus integrantes, y le dio mayor peso a los representantes de la política.
El máximo tribunal otorgó 120 días para realizar cambios en la composición del Consejo y el plazo vencería el próximo 15 de abril. De no cumplirse con la fecha, el organismo quedaría inhabilitado para firmar resoluciones y se vería obligado a retomar la integración que tenía hasta el 2006, incluyendo a un integrante de la Corte Suprema.
Fuente: TN.
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